EDITORIAL, DIARIO SUR.
UN JUSTIFICADO CLAMOR EN LAS CALLES
Las multitudinarias protestas de las pensiones reflejan la inquietud por el futuro del sistema, que requiere de un gran pacto de Estado
La exigencia de unas pensiones «dignas», unida a la comprensible preocupación por el futuro del sistema, ha calado hondo entre los ciudadanos de toda condición, edad e ideología. Las multitudinarias manifestaciones que recorrieron ayer las principales capitales españolas son una nítida imagen de esa realidad, que ha cogido con el pie cambiado al Gobierno y, en un primer momento, a la mayoría de los partidos. Incluso a los más empeñados ahora en sacar rédito de ese clamor. Las decenas de miles de personas que se echaron a la calle alzaron su voz con sobrados motivos contra algo imposible de entender. Una raquítica subida de las prestaciones –el 0,25%– por quinto año consecutivo que reduce el poder adquisitivo de más de nueve millones de personas y que contrasta, como la noche y el día, con la pujante recuperación económica de la que tanto alardea Mariano Rajoy. La intensidad de las protestas demuestra un hartazgo social de largo alcance. Una indignación ante la que, como se ha visto, tienen escaso poder de convicción los argumentos de un Ejecutivo desgastado y falto de sensibilidad. Es cierto que los alarmantes ‘números rojos’ del sistema –18.800 millones el pasado año– conceden un escaso margen de maniobra. Tanto como que ese desbocado déficit hace cada día más inaplazable la búsqueda de soluciones sensatas tras haber devorado casi por completo los ahorros guardados en la ‘hucha’ para unas situaciones críticas que han llegado mucho antes de lo previsto. La intensa presión social ejercida por la principal bolsa de votantes del PP –los pensionistas– no permite descartar que el Gobierno termine por ceder y abra la mano a aumentos más generosos. El presidente hizo esta semana un primer amago, del todo insuficiente, en el Congreso con las prestaciones mínimas y de viudedad. Si rectificara por completo y garantizara el poder adquisitivo de las pensiones, habría aplazado el comprensible malestar que suscita la casi ofensiva subida del 0,25% (entre uno y dos euros más al mes para cientos de miles de viudas). Pero solo habría resuelto una mínima parte del problema. La sencilla.
Sacrificios inevitables. La gran cuestión es otra: la viabilidad del sistema público. La constatación de los límites del Estado de bienestar. Sin caer en el catastrofismo, el modelo no da más de sí tal y como está. La Seguridad Social tiene un millón de afiliados menos que en 2007, antes de la crisis. Con sus cotizaciones, lastradas por una insuficiente creación de empleo y los bajos salarios, debe pagar 1,25 millones más de pensiones que entonces. Y de mayor importe. A ello se suma una creciente esperanza de vida –más tiempo de pago de las prestaciones–, una natalidad por los suelos y la inminente jubilación de la primera quinta del ‘baby boom’, que llevará al límite las cuentas del sistema. El cuadro es inquietante. Nadie lo puede negar. Y más lo será cuanto más se tarde en buscar soluciones realistas y en aparcar la demagogia y el populismo partidista, que a nada conducen. Por eso urge un gran pacto de Estado para encauzar un problema de esta envergadura. Pero no nos engañemos: la salida tendrá un coste. No saldrá gratis. Asegurar unas pensiones dignas y mucho más numerosas exigirá más dinero. Y de algún sitio tendrá que salir. De más impuestos. De cotizaciones más elevadas de los trabajadores y empresas. Del recorte de otras partidas de gasto menos prioritarias cuando los Presupuestos asuman una parte de su financiación... Existen múltiples opciones. Las pensiones sobrevivirán. Seguro. Tan seguro como que su elevada factura exigirá sacrificios, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta.
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Publicado en Diario SUR.
Copiado/pegado de Internet por Victoriano Orts Cobos.
Málaga 18 de marzo de 2018.
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