El Supremo respalda la decisión del Gobierno de exhumar a Franco a falta de saber la fecha
La Sala rechaza el recurso de la familia por unanimidad y deja el traslado en manos del Constitucional y de un juzgado de Madrid
Francisco Franco será exhumado del Valle de los Caídos 39 años después de su muerte y sus restos serán llevados al panteón familiar en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo (Madrid), donde yace su mujer Carmen Polo. Tras varios meses de vaivenes la fecha definitiva del traslado no será inmediata, como desea el Gobierno, ni coincidirá con la campaña electoral porque se está a la espera de resolver un par de escollos judiciales.
La histórica decisión fue tomada ayer por el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo respaldó punto por punto la pretensión del Ejecutivo socialista de sacar al dictador de la basílica de Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama de Madrid.
UN LARGO CAMINO
- 17 de junio de 2018
- Pedro Sánchez confirma dos semanas después de convertirse en presidente del Gobierno que va a exhumar, casi de inmediato, los restos de Franco del Valle de los Caídos.
- 27 de junio
- Sánchez sugiere julio para sacar los restos del dictador de la Abadía benedictina.
- 17 de julio
- La familia Franco comunica a la Abadía del Valle de los Caídos que se opone a la exhumación.
- 24 de agosto
- El Gobierno aprueba el real decreto ley que dará cobertura jurídica al traslado de los restos mediante una modificación de la Ley de Memoria Histórica.
- 31 de agosto
- El Consejo de Ministros da 15 días a la familia del dictador para presentar alegaciones y comunicar el destino para enterrar los restos.
- 13 de septiembre
- El Congreso convalida el decreto para el traslado de los restos de Franco, con la abstención de PP y Ciudadanos.
- 29 de septiembre
- Los nietos de Franco anuncian que quieren enterrar a su abuelo en la catedral de la Almudena (Madrid).
- 8 de noviembre
- El Gobierno anuncia que impedirá que sea enterrado en la Almudena.
- 4 de diciembre
- El Supremo inicia los trámites para resolver el recurso presentado por los nietos de Franco contra la exhumación.
- 17 de diciembre
- El tribunal rechaza paralizar la exhumación pero advierte de que los restos no se podrán trasladar hasta que resuelva el recurso que presente la familia.
- 27 de diciembre
- La Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja enterrar a Franco en la cripta de la Almudena por seguridad.
- 5 de enero de 2019
- El Vaticano puntualiza que no tiene nada que decir y que es un asunto entre el Gobierno y la familia Franco.
- 12 de abril
- La Fundación Francisco Franco y la familia piden al Supremo que impida acometer la exhumación el 10 de junio.
- 30 de mayo
- Comienzan los trabajos de acondicionamiento de la cripta de El Pardo donde el Ejecutivo quiere enterrar a Franco.
- 4 de junio
- El Supremo paraliza cautelarmente la exhumación prevista para el 10 de junio.
- 5 de julio
- Un informe de la familia al Supremo aconseja como mejor opción trasladar el cuerpo a la Almudena.
- 10 de septiembre
- El Supremo determina el 24 de septiembre como la fecha para conocer la decisión final.
De esta forma, el traslado de los restos del dictador cuenta con el aval de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo impulsó la exhumación, el Legislativo la validó y el Judicial la refrendó.
El tribunal adoptó su decisión en cumplimiento del «interés general» que emana de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007 con los votos en contra del PP, y después de que el Congreso aprobara hace un año, sin votos en contra esta vez, el decreto que habilitaba la exhumación de Franco. Esta norma prohibía que reposen en el Valle de los Caídos los restos de cualquier persona no caída en la Guerra Civil tras el golpe de Estado de 1936.
El mismo consenso alcanzado en septiembre de 2018 por los 350 diputados de la Cámara baja (entonces no estaba Vox) se proyectó ayer en el tribunal de lo contencioso, cuyos seis magistrados desestimaron de plano el recurso de la familia del dictador contra los acuerdos del Consejo de Ministros.
A la espera de conocer en los próximos días los pormenores de la sentencia, los jueces se reunieron con el trabajo hecho y solventaron en menos de una hora que no había motivos para amparar a los recurrentes.
Estos alegaron vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad personal y la libertad religiosa, y fueron respaldados por los recursos de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle. El conflicto a debate, por tanto, residía en la posible violación del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos y el «interés general» de los acuerdos del Gobierno en aplicación de la Memoria Histórica (artículo 16.3).
Informes y licencia de obra
Para ello, los familiares ofrecieron como «única posibilidad» el entierro en la cripta de la Catedral de la Almudena de Madrid, donde la hija Carmen Franco compró en 1987 una sepultura con espacio para varias tumbas. Sin embargo, el Gobierno rechazó esta posibilidad por «motivos de seguridad y de orden público».
El informe considera inadecuado el emplazamiento de la Almudena por su situación tan céntrica y el interés turístico. Además, los expertos mencionaron la amenaza terrorista o incluso los posibles enfrentamientos entre detractores y partidarios dentro de la cripta de la catedral. Una tesis avalada ahora por el Supremo.
No obstante, las prisas del Ejecutivo socialista para trasladar a Franco de forma inmediata o en plena campaña son inútiles. La fecha de la exhumación depende ahora de dos escollos judiciales: el recurso que presentará la familia ante el Tribunal Constitucional, que pedirá como medida cautelar suspender la sentencia del Supremo, y el procedimiento abierto en un juzgado de lo contencioso de Madrid, que desde febrero tiene paralizada de forma provisional la licencia de obra para abrir la sepultura de Franco.
Por tanto, hasta que no se celebre la vista para resolver este litigio no habrá sentencia, que podría ser recurrida aa continuación ante el Tribunal Superior de Madrid. Una circunstancia que demoraría semanas o meses el traslado de los restos del dictador, según avanzaron fuentes jurídicas. Ello pese a que el alto tribunal hará mención en su fallo de la licencia de obra.
El titular del juzgado de lo contencioso de Madrid es el magistrado José Yusty, quien fue recusado sin éxito por la Abogacía del Estado por su presunta afinidad con los postulados ideológicos del recurrente, el particular Leonardo Falcó Rodríguez, del entorno de los Franco. Éste había recurrido la autorización de obra concencida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos.
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Publicado en Diario SUR.
Copiado/pegado de Internet por Victoriano Orts Cobos.
Málaga 28 de septiembre de 2019.
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