El investigado por el vídeo de la galería dice que fue una broma y que solo lo envió a un amigo
Asegura que usó como diana unas fotos de miembros del Gobierno que encontró en la armería, extremo que desmiente el propietario del negocio
La Guardia Civil ya ha interrogado a todos los implicados en el vídeo de la galería de tiro, en el que un hombre dispara con una escopeta y utiliza como diana fotos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique.
El único investigado por estos hechos, que es el hombre que efectúa los disparos, mostró su arrepentimiento a los agentes que le tomaron declaración y pidió perdón a las personas que pudieran haberse sentido ofendidas por el vídeo, que no se grabó, dijo, para ser difundido, sino como una «broma» entre ellos.
Tampoco pudo aclarar cómo acabaron esas imágenes en las redes sociales. Al respecto, manifestó que él solo envió el vídeo a un amigo, al que no llegó a identificar, y al cabo de unas tres semanas se percató de que había empezado a compartirse en grupos de WhatsApp, según fuentes cercanas al caso.
El autor de los tiros fue localizado y detenido el viernes en Rincón de la Victoria por agentes de la Guardia Civil, que le leyeron los derechos por posibles amenazas contra las instituciones del Estado, a la espera de que la Fiscalía concrete su acusación.
El investigado, que fue legionario y también taxista durante algunos años de su vida, había sido identificado por la Brigada de Información de la Policía Nacional, que inició la investigación una vez que se pudo ubicar el lugar donde habían ocurrido los hechos: la Armería Deportiva Lince, ubicada en el Polígono Alameda de la capital.
Tras su detención, el autor de los disparos fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde se le interrogó sobre lo ocurrido. Declaró que los hechos sucedieron a finales de mayo. Aquel día, según su versión, decidió ir a realizar unas prácticas de tiro en compañía de su hermano, un primo lejano y un amigo.
El investigado mantuvo que tanto la escopeta como la munición se las proporcionaron en la galería, pero no mencionó nada de que su intención fuese conseguir la licencia, como sostiene el dueño de la armería, quien manifestó, en declaraciones a SUR, que el autor de los disparos le dijo que quería practicar para obtener una licencia de armas de tipo F (escopeta) y que se iba a hacer socio. «Era la primera vez que venían», añade.
Las versiones de unos y otros resultan contradictorias sobre algunos extremos, sobre todo respecto a la presencia de esas fotografías dentro de las instalaciones. El investigado sostuvo que encontró las fotos dentro de la galería –aseguró desconocer su procedencia– y le pareció «gracioso» usarlas como blanco de los disparos, siempre según su declaración ante los investigadores de la Guardia Civil. También reconoció que fue suya la idea de grabar y que le pidió a su hermano que lo hiciera. Tras ser interrogado, fue puesto en libertad con cargos.
El propietario de la armería sostiene, por el contrario, que las fotos de los miembros del Gobierno y del diputado de Unidas Podemos no estaban en la galería, sino que las trajeron los clientes. «No me gustaba su actitud. Lo que han hecho es una ilegalidad ajena a nosotros, igual que el hecho de grabar las imágenes», apostilla el dueño del negocio, quien ha anunciado que se querellará contra los participantes en el vídeo.
La Guardia Civil también ha identificado y tomado declaración –en calidad de testigos– a cada uno de los acompañantes del investigado. Ninguno ha aclarado cómo llegaron allí esas fotografías, aunque todos coinciden en que las vieron en manos del imputado y que él las colocó como diana.
El caso ya ha llegado a los juzgados malagueños, aunque puede no ser su destino definitivo. La Guardia Civil entregó ayer el atestado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, en funciones de guardia de incidencias, aunque este podría inhibirse a favor de otro de la capital una vez se determine con exactitud el día de los hechos, o a la Audiencia Nacional, en función de la tipología del delito por el que se le acuse.
Fuentes próximas a la investigación explicaron que para que se pudiera apreciar un delito o agravante de odio tendría que existir una acción dirigida contra un colectivo vulnerable o discriminado, cuando aquí es contra el Gobierno, salvo por Echenique, que es portavoz parlamentario.
El matiz está en si el hecho (los disparos a las fotos) tiene una raíz ideológica o bien se enmarca en las responsabilidades públicas o políticas de los afectados. Si finalmente no se observa el componente de odio, la causa podría enfocarse por un posible delito de amenazas al Gobierno de la Nación, recogido en el artículo 504 del Código Penal, que contempla penas de multa de 12 a 18 meses, y que probablemente se instruiría en la Audiencia Nacional.
*********************************
Publicado en Diario SUR.
Copiado de Internet por Victoriano Orts Cobos.
Málaga 23 de junio de 2020.
************************************************************************************************************************************************
No hay comentarios:
Publicar un comentario